Publicado el 8:07 am porALBERTO CAMINERO Y Domingo Berigüete
Es un imposible lo que le exige la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) a la República Dominicana, porque ningún país está obligado a violentar su Constitución y su ordenamiento jurídico, el organismo se extralimitó en su decisión, afirmó ayer el Gobierno dominicano. Sin doblegarse ante el pedido ayer del comisionado de la CIDH, Felipe González, el Gobierno asegura que “ningún Estado está sujeto a cumplir ninguna decisión de cualquier organismo internacional que afecte su soberanía o su política migratoria interna”.
La posición del gobierno del presidente Danilo Medina fue externada por el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, el vocero gubernamental, Roberto Rodríguez Marchena y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor César Pina Toribio, quienes coincidieron en señalar que la CIDH pretende que el Poder Ejecutivo cometa la falta grave de desacatar una sentencia del Tribunal Constitucional dominicano.
“Nadie está obligado a lo imposible, y el Poder Ejecutivo es respetuoso de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, de la Constitución y del pueblo dominicano que votó por su Carta Magna en el 2010”, sostuvo Rodríguez Marchena en declaraciones por teléfono.
Reiteró que la exigencia de la CIDH es absolutamente inaceptable “y ese organismo no nos puede pedir lo imposible”.
“Eso que nos piden es un imposible y nosotros no estamos obligados a lo imposible”, indicó.
Manifestó que esa corte pudiera estar animando las mejores intenciones, pero se extralimitó y no tomó en cuenta los procesos que se llevan a cabo en el país en cuanto a política migratoria.
Migración humana
“Nunca gobierno alguno en la RD había tenido una política migratoria tan seria y tan humana para resolver un problema que se venía acumulando”, indicó Rodríguez Marchena.
Aseguró que el proceso de regularización de extranjeros en condición migratoria irregular está avanzando, al punto reconocido desde otros países, como el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la Unión Europea.
Osadía y atropello
Monchi Fadul, en declaraciones por teléfono, afirmó que la CIDH ha cometido la osadía y el atropello y la desconsideración de tratar hechos posteriores a los cuales ellos conocían, “lo que de por sí ese hecho manifiesta muy evidentemente una actitud de prejuicio contra la República Dominicana”.
“No podemos cumplir una decisión contra nuestra soberanía, con nuestra política migratoria, esas son excepciones incluso reconocidas por tratados internacionales, el país no está sujeto a modificar su legislación por prejuicio de ninguna decisión de ningún órgano internacional, porque esas son facultades propias de los pueblos”, afirmó Fadul.
“Ellos decidieron extra petite, más allá de lo pedido, porque se fueron a acciones del 1999-2000, se han extralimitado”, apuntó el funcionario.
El ministro de Interior y Policía manifestó que ellos debieron ver que en la Republica Dominicana se lleva a cabo el plan de extranjeros irregulares más ambicioso, reconocido a nivel mundial, “es un plan como nunca antes se ha llevado a cabo”.
Un absurdo de CIDH
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, dijo que lo que la CIDH pide al país es un absurdo, “porque República Dominicana tiene un orden constitucional que tiene que respetar, y el Tribunal Constitucional es para la nación una autoridad superior a la de la Corte Interamericana”.
“Por demás, en todas las partes del mundo, decidir sobre la nacionalidad de un país le corresponde a las autoridades de ese país, no a ningún organismo internacional”, precisó Pina Toribio.
El funcionario habló ayer al término de una misa en la iglesia San Antonio de Padua en memoria del extinto líder peledeísta Juan Bosch, fallecido hace 13 años.
Añadió que la solicitud de dicha corte es “absolutamente” improcedente, porque viola la soberanía. “Sí hay un atributo esencial en la soberanía, es el de otorgar la nacionalidad a quienes la Constitución le corresponde, no a quien quiera un organismo internacional”.
Toribio dijo que respeta la posición de algunos sectores que piden a República Dominicana renuncie como miembro de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
UN APUNTE
Abinader pide control
Luis Abinader, aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), reclamó al Gobierno adoptar las medidas necesarias para detener la inmigración ilegal en el país, incluyendo la asignación de recursos suficientes para que el Cuerpo de Seguridad Fronteriza (Cesfront) pueda garantizar la soberanía en la frontera.
Dijo que el Gobierno no puede reducir el manejo del problema migratorio a una simple expresión de buenas intenciones o a una política reactiva para defender al país en el plano internacional, mientras mantiene una injustificable inercia frente a las causas que han originado el creciente de la inmigración ilegal. Sostuvo que el Estado no cumple el mandato del artículo 10 de la Constitución que declara de supremo interés nacional la seguridad,
EL DATO
CIDH exige
Felipe González, comisionado CIDH, exige a la República Dominicana que acate y convierta en un elemento clave de su legislación la sentencia del organismo que condenó al país por deportar a haitianos y dominicanos de origen haitiano entre 1999-2000. Advierte que los estados no pueden hacer lo que se les antoja con los tratados internacionales.
via:el nacional.com.do
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