La presidenta de la Asociación de Industrias, rechazó los intentos de sectores que no identificó de empañar la imagen del sector empresarial aludiendo que su oposición a la instalación de máquinas de rayos X en los puertos del país se debe a su intención de promover actividades ilícitas.
Ligia Bonetti indicó en una declaración escrita que “algunos se empeñan en dañar la imagen del sector empresarial y se atreven a considerar que nos oponemos a los rayos X porque de instalarse se evitarían actividades ilícitas. Eso es totalmente falso”.
La dirigente del sector industrial consideró que la aplicación del contrato de instalación de máquinas de rayos X en los puertos dominicanos “no sólo es innecesaria”
Además de ello, estimó “se visualiza como inconstitucional y se torna inadmisible sobre todo en momentos en que el Senado de la República escucha a diversos sectores sobre el modo de hacer más competitiva la economía dominicana y de garantizar la seguridad jurídica a las inversiones”.
Bonetti afirmó de que los costos directos de esta tecnología lo pagarían los empresarios, “restando competitividad a nuestras empresas y a nuestros puertos, y por ende podría afectar significativamente los ingresos estatales”.
Dijo que las principales asociaciones empresariales del “estamos de acuerdo con que el país se puede beneficiar con una tecnología avanzada de imagen en los puertos, pero los equipos deben ser operados por las autoridades gubernamentales competentes (Dirección General de Aduanas), sin costo adicional por el servicio y no servir como un medio para un monopolio privado extraer beneficios por cobro de tasas exorbitantes y, además, no deben implicar una carga que reste competitividad a nuestros sectores productivos”.
La controversia relacionada con la instalación de las máquinas de rayos X viene desde hace más de una década y se originó con los decretos 898-02 y 336-03, mediante los cuales el expresidente Hipólito Mejía autorizó la concesión con la empresa ICSS, S.A, y dispone la tarifa que se cobraría por el servicio, y autoriza a la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) y al Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP) a la facturación y cobro de los servicios a partir de la instalación de los equipos de rayos x.
El proyecto despertó de inmediato la oposición de todos los sectores productivos del país, encabezados por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP
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