Desde el mes pasado, mucha atención –y crítica– ha llegado a la República Dominicana, al comenzar el difícil y sensible proceso de implementación de una política para incorporar a los residentes indocumentados en un marco legal que regularice su estatus de ciudadanía. El objetivo de esta política es garantizarle un estatus regular a cada persona que vive en suelo dominicano.
Lamentablemente, todos aquellos que han sido tan rápidos para criticar a la República Dominicana han hecho poco para conocer las soluciones de nuestro plan, ni ofrecen una solución propia, y están basando sus declaraciones en información incorrecta. Asimismo, los críticos prefieren ignorar el panorama completo, que los todos los países del mundo tienen un alarmante crecimiento en su población de personas desplazadas por dificultades económicas y conflictos.
Observemos a Estados Unidos. Uno de los enigmas de la política pública más acuciantes en este país es cómo manejar un sistema migratorio que ha dejado a más de 11 millones de indocumentados que viven y trabajan en EEUU.
Del mismo modo, en la isla de La Española, el hogar de Haití y la República Dominicana, las políticas de documentación y naturalización de ambos países eran débiles y en gran medida no se aplican.
Debido a esta realidad, cientos de miles de personas en La Española (principalmente en Haití) no tenían claro su estatus de residencia o documentos de ciudadanía.
Si bien no podemos deshacer el pasado, el gobierno dominicano ha optado por dar un paso adelante y hacer frente a un sistema que no funcionaba, que durante décadas dejaba a grandes grupos de la población, tanto ciudadanos como migrantes, indocumentados y vulnerables.
Al abordar este desafío, hemos estado en diálogo con el gobierno haitiano y en estrecha colaboración con la comunidad internacional –incluyendo a la Organización Internacional para las Migraciones, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, el UNICEF y muchos otros– para encontrar la mejor manera de aplicar políticas de manera justa y transparente que proporcionarán un estatus regularizado a cada persona que vive en el país, de una manera que proteja sus derechos fundamentales.
Aunque ningún plan es perfecto, hemos hecho grandes avances para mejorar la vida de personas que estaban indocumentadas. En el 2015, cientos de miles de personas tendrán documentación, y derechos en nuestro país que hace dos años no tenían. Más inmigrantes podrían haberse regularizado si Haití documentará a sus nacionales que residen en el exterior, un resultado lamentable que funcionarios haitianos han reconocido públicamente. Sin embargo, para muchos, la República Dominicana será su residencia legal, y otros ganarán la nacionalidad dominicana.
Más de 350,000 residentes aprovecharon tanto el Plan Nacional de Regularización (que concluyó el 17 de junio después de un período de registro de 18 meses) y la Ley de Naturalización 169-14:
▪ Cincuenta y cinco mil residentes nacidos en la República Dominicana de padre y madre extranjeros y que poseían documentos emitidos por el gobierno dominicano antes del fallo de la corte ahora se reconocen como ciudadanos;
▪ Casi nueve mil residentes nacidos en la República Dominicana de padre y madre extranjeros bajo una condición migratoria irregular y sin papeles de identidad, se registraron en el libro de extranjeros, y pueden acceder a la naturalización después de un período de dos años;
▪ Casi doscientos noventa mil personas solicitaron la regularización de su situación migratoria mediante el Plan Nacional de Regularización del gobierno dominicano.
A la espera de la evaluación de la situación de cada solicitante, que se completará a finales de agosto, se les concederá la residencia a los solicitantes que completen su solicitud.
De cara al futuro, nuestro gobierno seguirá aplicando las mismas reglas de inmigración que existen en cualquier otra sociedad regida por el Estado de Derecho, mientras se reconoce las necesidades humanas de las personas.
Nadie nacido en la República Dominicana será deportado y nadie que posea o tenga derecho a la nacionalidad dominicana legal será privado de ella. Y –cabe destacar– desde que el presidente Danilo Medina decretó una moratoria en diciembre de 2013, no se han producido deportaciones. De hecho, las personas que han abandonado voluntariamente la República Dominicana tienen derecho a regresar y solicitar la residencia.
A medida que avanzamos, la República Dominicana seguirá apoyando a su comunidad de inmigrantes, incluyendo la provisión de acceso a los servicios públicos gratuitos, como salud y educación.
También seguimos comprometidos con garantizar que la evaluación de cada caso tendrá un enfoque individualizado con el mayor respeto a los derechos humanos.
Lo que hemos logrado hasta ahora representa un gran paso adelante para los derechos humanos en la región, pero todavía hay más trabajo por hacer. En las próximas semanas, vamos a seguir consultando estrechamente con las organizaciones de Estados Unidos, la UE y la ONU, para aportar claridad a un sistema anticuado de forma responsable y humana, que puede servir como un modelo para los países que enfrentan desafíos similares.
Embajador de la República Dominicana en Estados Unidos.
VIA: elnuevoherald.com
Desde el mes pasado, mucha atención –y crítica– ha llegado a la República Dominicana, al comenzar el difícil y sensible proceso de implementación de una política para incorporar a los residentes indocumentados en un marco legal que regularice su estatus de ciudadanía. El objetivo de esta política es garantizarle un estatus regular a cada persona que vive en suelo dominicano.
Lamentablemente, todos aquellos que han sido tan rápidos para criticar a la República Dominicana han hecho poco para conocer las soluciones de nuestro plan, ni ofrecen una solución propia, y están basando sus declaraciones en información incorrecta. Asimismo, los críticos prefieren ignorar el panorama completo, que los todos los países del mundo tienen un alarmante crecimiento en su población de personas desplazadas por dificultades económicas y conflictos.
Observemos a Estados Unidos. Uno de los enigmas de la política pública más acuciantes en este país es cómo manejar un sistema migratorio que ha dejado a más de 11 millones de indocumentados que viven y trabajan en EEUU.
Del mismo modo, en la isla de La Española, el hogar de Haití y la República Dominicana, las políticas de documentación y naturalización de ambos países eran débiles y en gran medida no se aplican.
Debido a esta realidad, cientos de miles de personas en La Española (principalmente en Haití) no tenían claro su estatus de residencia o documentos de ciudadanía.
Si bien no podemos deshacer el pasado, el gobierno dominicano ha optado por dar un paso adelante y hacer frente a un sistema que no funcionaba, que durante décadas dejaba a grandes grupos de la población, tanto ciudadanos como migrantes, indocumentados y vulnerables.
Al abordar este desafío, hemos estado en diálogo con el gobierno haitiano y en estrecha colaboración con la comunidad internacional –incluyendo a la Organización Internacional para las Migraciones, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, el UNICEF y muchos otros– para encontrar la mejor manera de aplicar políticas de manera justa y transparente que proporcionarán un estatus regularizado a cada persona que vive en el país, de una manera que proteja sus derechos fundamentales.
Aunque ningún plan es perfecto, hemos hecho grandes avances para mejorar la vida de personas que estaban indocumentadas. En el 2015, cientos de miles de personas tendrán documentación, y derechos en nuestro país que hace dos años no tenían. Más inmigrantes podrían haberse regularizado si Haití documentará a sus nacionales que residen en el exterior, un resultado lamentable que funcionarios haitianos han reconocido públicamente. Sin embargo, para muchos, la República Dominicana será su residencia legal, y otros ganarán la nacionalidad dominicana.
Más de 350,000 residentes aprovecharon tanto el Plan Nacional de Regularización (que concluyó el 17 de junio después de un período de registro de 18 meses) y la Ley de Naturalización 169-14:
▪ Cincuenta y cinco mil residentes nacidos en la República Dominicana de padre y madre extranjeros y que poseían documentos emitidos por el gobierno dominicano antes del fallo de la corte ahora se reconocen como ciudadanos;
▪ Casi nueve mil residentes nacidos en la República Dominicana de padre y madre extranjeros bajo una condición migratoria irregular y sin papeles de identidad, se registraron en el libro de extranjeros, y pueden acceder a la naturalización después de un período de dos años;
▪ Casi doscientos noventa mil personas solicitaron la regularización de su situación migratoria mediante el Plan Nacional de Regularización del gobierno dominicano.
A la espera de la evaluación de la situación de cada solicitante, que se completará a finales de agosto, se les concederá la residencia a los solicitantes que completen su solicitud.
De cara al futuro, nuestro gobierno seguirá aplicando las mismas reglas de inmigración que existen en cualquier otra sociedad regida por el Estado de Derecho, mientras se reconoce las necesidades humanas de las personas.
Nadie nacido en la República Dominicana será deportado y nadie que posea o tenga derecho a la nacionalidad dominicana legal será privado de ella. Y –cabe destacar– desde que el presidente Danilo Medina decretó una moratoria en diciembre de 2013, no se han producido deportaciones. De hecho, las personas que han abandonado voluntariamente la República Dominicana tienen derecho a regresar y solicitar la residencia.
A medida que avanzamos, la República Dominicana seguirá apoyando a su comunidad de inmigrantes, incluyendo la provisión de acceso a los servicios públicos gratuitos, como salud y educación.
También seguimos comprometidos con garantizar que la evaluación de cada caso tendrá un enfoque individualizado con el mayor respeto a los derechos humanos.
Lo que hemos logrado hasta ahora representa un gran paso adelante para los derechos humanos en la región, pero todavía hay más trabajo por hacer. En las próximas semanas, vamos a seguir consultando estrechamente con las organizaciones de Estados Unidos, la UE y la ONU, para aportar claridad a un sistema anticuado de forma responsable y humana, que puede servir como un modelo para los países que enfrentan desafíos similares.
Embajador de la República Dominicana en Estados Unidos.
VIA: elnuevoherald.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario